“¿Garantizan los altos sueldos de los jueces su dedicación a la administración de justicia? ¿Cuántos jueces han desafiado la opinión de los acomodaticios con resoluciones que pusieron entre rejas a funcionarios corruptos? La ciudadanía, cansada de privilegios exigirá justicia a la justicia”.
(De la nota “El sentido de la justicia de la justicia” Publicada por La Voz del Interior en el año 2000)
La ciudadanía argentina, siente, -y lo expresa por cuanto medio tiene a su alcance,- que dentro de los poderes que configuran nuestro Estado Nacional y aparte, por cierto, del ejecutivo, es el judicial el que más deudas viene acumulando con el pueblo.
Empezamos diciendo que se admite y admira a muchos miembros del poder judicial que cumplen dignamente su función aún a riesgo de perder sus puestos,- muchos han sido suspendidos y castigados de diversas maneras. Sin embargo de la misma manera que unas golondrinas no hacen verano, esas meritorias acciones de jueces probos no alcanzan hoy a devolverle al Poder Judicial argentino el prestigio que debiera darle resplandor y hasta podemos decir que prevalece el sentimiento, transformado en una concepción robusta y firme, de que mientras los otros dos poderes están destinados a caducar, los miembros del Poder judicial, nombrados a perpetuidad, detentan el gran poder que les ha sido conferido hasta su jubilación, y solamente una resolución del poder ejecutivo, -que los pone en sus cargos a través del Consejo de la Magistratura- puede destituirlos. Y creemos que es en ese hecho donde surge su dependencia del ejecutivo, generando lo que los ciudadanos percibimos como una justicia de mano temblorosa que dicta sentencias sometidas a la voluntad del poder central. Y el pueblo las percibe como caprichosas, dudosas, ambivalentes, y aún más, tímidas y demoradas resoluciones.
Nunca como en esta década el pueblo ha sido testigo impotente de las vergonzosas actuaciones de algunos jueces venales, débiles, miedosos, que sin respeto alguno por la opinión pública han encubierto las acciones delictivas de muchos de nuestros gobernantes, deteniendo juicios, demorándolos hasta el escándalo, encajonando testimonios, aletargando disposiciones, disimulando hechos, sobreseyéndolos, dejando que actúen, en fin con total impunidad, dando la sensación, -que ha terminado por transformarse en certidumbre-, de que son parte del reparto del gran botín en que se han transformado las arcas del Estado.
La sensación reinante es la de total impunidad y sus consecuencias son de extrema gravedad, porque del malísimo ejemplo que se da, deviene el accionar de una delincuencia que actúa sin frenos.
El poder judicial argentino adolece, además, de una grave falta que empalidece aún más su exigible honorabilidad y la necesaria credibilidad que se viene cimentando a través de mucho tiempo: su interés pecuniario, su defensa, a ultranza, de un derecho que la ciudadanía no considera como tal y que por lo mismo es, a los ojos del pueblo, indefendible: no pagar el impuestos a las ganancias a pesar de los altos sueldos que perciben. Los ciudadanos nos venimos preguntando por las razones de este urticante privilegio.
Ya en el siete de abril del año 2000 La Voz del Interior publicó mi nota “El sentido de justicia de la justicia”, que expresaba cuánto socava el respeto debido a tan alto y necesario poder republicano el hecho de que los jueces, ellos mismos, hubieran decidido abstenerse de tributar como lo hacen todos y cualquier asalariado argentino.
Pues bien, sumado a este hecho, hoy muchos jueces y miembros del Poder Judicial, entre los cuales hoy emerge con más visibilidad Oyarbide, actúan ya sin disimulos y con tan inescrupulosa parcialidad en lo que se ha constituido un ominoso mercado de influencias, que el pueblo escucha ya sin asombro y hasta adormecida su sensibilidad sobre las caprichosas resoluciones de encubrimiento del ejecutivo, en tanto otros jueces, calificados por su digna rectitud, terminan por callar, aprobando así actuaciones que denigran a la totalidad del cuerpo que ejerce la justicia argentina.
Las escasas y valientes manifestaciones de algunos jueces cuyos nombres enaltecen su tarea, no alcanzan a derribar la sensación de que el país está inundado de un estado altamente corroído. La impunidad mayúscula nos está gobernando y la temblorosa sensación de que Alí Babá y sus secuaces pueden irrumpir en cualquier lugar para acallar a los honestos, nos invade con su frío amenazante.
Ya no hay frenos en nuestro país porque, lejos de evolucionar hacia una situación superadora, los problemas sociales, lejos de haberse solucionado han explosionado en una catarata de actos de corrupción, de injusticias que no sólo siguen vigentes sino crecen desmesuradamente y sobre las que hace quince años escribíamos: “Los sueldos de los jueces, de los legisladores y las jubilaciones de privilegio que a ellos favorecen fueron siempre motivo de irritación para la sufrida clase trabajadora, que se pregunta: ¿qué privilegio- de derecho privado- asiste a estos trabajadores cuyos sueldos marcan tan visibles diferencias. ¿Acaso garantizan sus abultados sueldos mejor administración de justicia?...La ciudadanía no cree en la respuesta que ha dado el juez Carlos Huespe: “La intangibilidad no es un privilegio sino una garantía de independencia”.
¿Independencia? La palabra cosquillea en la conciencia ciudadana.
Esperamos que dentro de un plazo cercano los actos de la ciudadanía puedan respaldarse en una justicia realmente justa.
Gladys Seppi Fernández
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