Si en algo hemos evolucionado los argentinos es en la capacidad de manifestarnos. Las protestas, los abucheos, los escraches a los que nos atrevemos más cada día, son muestras de la inconformidad del pueblo y se están dando con más frecuencia en diferentes lugares y hasta en un buquebús, porque la inquietud social aumenta, y la inequidad alimenta un sentimiento de ciega impotencia.
Entonces, ¿cómo callar a los cientos de miles de argentinos que se manifestaron en las marchas del año 2012? o, ¿cómo pedir a docenas de pasajeros, que descubren la presencia de un funcionario responsable de muchas de sus molestias, que guarden su bronca?
Los escraches manifiestan indignación. ¿Que es un recurso discutible? Es cierto. Pero quizás también sea el único medio de que dispone el hombre de la calle para decir que no está de acuerdo con medidas que empobrecen a la mayoría, favoreciendo a una minoría privilegiada. El pueblo quiere decir que sufre el deterioro del orden social, el mal que hace a la paz de la República el ejemplo poco digno de las autoridades como el de hoy: el aumento de las dietas de los legisladores nacionales.
¿Cómo no repudiar a los que detentan el poder si asistimos al espectáculo lamentable de verlos en primera fila para recibir los mayores beneficios, sin preocuparse por un reparto equitativo de los bienes disponibles del Estado, teniendo en cuenta, además, las diferentes funciones y responsabilidades de cada tarea específica?
Este último acto, -para afirmar el cual diputados y senadores levantaron al unísono sus manos- pone a los representantes del pueblo en una posición poco ejemplar.
Los medios de hoy dan cuenta de los abultados sueldos que cobrarán los legisladores nacionales. Ya en 2012 por obra de Boudou, el principal mentor de la medida, se aumentaron sus sueldos en un 100%.
Cuando los diarios difunden que un legislador nacional gana alrededor de $67 000, de sueldo que supera por diez veces al del ciudadano común, -maestros, médicos, empleados de comercio, obreros- en el que se incluye una dieta de $36.382 más $10 000 por gastos de representación, unos $15 000 por pasajes terrestres y aéreos (que podrán canjear por dinero) y más aún unos $ 5660 por desarraigo, surgen mortificantes comparaciones.
Los que desempeñamos tareas, oficios, profesiones, (a los que tanto nos ha costado llegar y mantener y que demandan horas de trabajo fuera del hogar, abandono de los hijos y en muchos casos exámenes de idoneidad y superación permanentes), conocemos cuánto desmoraliza la falta de perspectivas de crecimiento, cuánto disminuye la fuerza, el entusiasmo y la voluntad de entrega saber que nos llevaría una vida de trabajo acceder a los beneficios y privilegios de que goza un legislador.
Es que en nuestro país los peces gordos se tragan todo el cardumen. Y así se nos hace sentir: pueblo cardumen, insignificante, desvalorizado, desjerarquizado. Pobres. Cada vez más pobres porque los presupuestos públicos no se estiran si no media el engaño de la emisión monetaria generadora de la inflación. Una rueda de empobrecimiento sin fin.
Es verdad que los legisladores del primer mundo cobran sueldos muy altos, acordes a sus elevadas responsabilidades. Pero los argentinos no percibimos aún que los nuestros trabajen con la debida responsabilidad, ni que sean encumbradas inteligencias, selectas capacidades, especialistas estudiosos y dedicados, con condiciones de idoneidad y superación exigibles a mentes distinguidas, necesarias para proponer, discutir y elaborar, nada menos que las leyes que impulsen una república emergente.
Boudou y Domínguez establecieron por resolución que el aumento del año pasado fuera de 24%, concretado en enero de este año se concedió el 21.8%. Los legisladores arguyen que este porcentaje es inferior a lo otorgado a otros gremios y además que los legisladores pagan altos impuestos a las ganancias. ( Tal vez no tengan en cuenta que a ese impuesto lo pagamos todos y que, en su caso, resulta muy alto porque es proporcional a sus sueldos).
Lo que el pueblo percibe es que existen silenciosas complicidades entre quienes se comen la mayor parte de la torta, porque, ¿qué podría argumentar en contra el Poder Judicial si también goza de discutidos privilegios?
¿Con qué derecho hacemos este reclamo? Nosotros los hemos votado, les hemos dado el poder y por lo tanto son nuestros representantes. De su comportamiento ético y digno depende nuestro bienestar y la recuperación de la República.
Gladys Seppi Fernández
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